miércoles, 31 de agosto de 2011

audiencia 12º día 30 de agosto 2011




Los crímenes del general y su chofer


El testimonio de Alberto Toledo, hermano de Jorge -secuestrado y desaparecido en el centro clandestino de detención La Cueva- comprometió la situación del ex general de brigada Alfredo Arrillaga y del ex CNU Nicolás Caffarello

La pericia policial indicó que en el frente de la casa de Aragón y Ruta 2, en el barrio la Florida, se encontraron setenta impactos de escopeta Itaka. La balacera se produjo la madrugada del 10 de diciembre de 1976 y estuvo a cargo de un comando del Ejército Argentino encabezado por el entonces mayor Alfredo Arrillaga. De allí se llevaron mal herido al dueño de casa, Jorge Toledo.
Después de 34 años, Alberto Toledo –hermano de Jorge- declaró ante el Tribunal Oral Federal 1 que juzga a 16 imputados por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención La Cueva (Base Aérea local), la comisaría cuarta y las dependencias policiales primera y Díaz Vélez de Necochea.
Alberto tenía 15 años cuando su hermano fue secuestrado por el Ejército. Ayer, señaló a dos de los 16 acusados en el juicio como los responsables de la desaparición de Jorge. Se trata del ex general de Brigada Alfredo Manuel Arrillaga y de Nicolás Caffarello, ex miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), quien además cumplía funciones como chofer de Arrillaga y agente de inteligencia del Ejército, según lo aportado por varios testigos a lo largo de las audiencias.
Según el testigo, fue Arrillaga, quien avisó a la policía caminera que liberaran la zona la noche en que se llevarían a Jorge. Fueron tres los vehículos que participaron del operativo. Uno era un Ford Falcon celeste conducido por Caffarello. El ex general y su chofer habrían sido los que iniciaron la balacera contra la casa de Toledo.
A lo largo de todos estos años, la familia Toledo buscó a Jorge y en esa búsqueda pudieron ir atando cabos para saber qué pasó. Lo primero que supieron llegó de boca de un juez que no dudó en pedir plata a la familia para poder “aceitar” a sus informantes. Así el 24 de diciembre del ‘76, el magistrado avisó que Alberto estaba bien y que lo habían condenado a 7 años por encubrir a su amigo Raúl “Pájaro” Del Monte, militante montonero (hoy desaparecido) vinculado a la muerte del capitán Fernando Cativa Tolosa durante un enfrentamiento en una pizzería, el 8 de octubre de 1976.

Después de la muerte del capitán, los militares iniciaron una cacería para dar con los responsables. La misma noche del secuestro de Jorge, su otro amigo Rodolfo “El Turco” Facio, también fue detenido y aún permanece desaparecido.
Durante la balacera, Jorge fue herido en el estómago y así lo llevaron hasta La Cueva. A través de un sobreviviente de ese centro clandestino, Alberto supo que su hermano fue torturado sin piedad a pesar de la gravedad de las heridas de bala y que en los interrogatorios le preguntaban por “El Pájaro”.
María Turón de Toledo –madre de Jorge y Alberto- fue quien llevó adelante la búsqueda. Lo primero que hizo fue presentar un habeas corpus que no tuvo respuesta. También se entrevistó con el coronel Pedro Barda, jefe militar de la ciudad, quien le dijo que iba averiguar qué había pasado con su hijo. De las autoridades eclesiásticas y gubernamentales tampoco obtuvo ayuda.
Alberto habló casi dos horas frente a los jueces Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros. Detrás de él, sus familiares y amigos, lo escuchaban. Respiró profundo y ahogó la angustia con agua para no quebrarse y perder el hilo del relato.

El espía confeso En 2001 Alberto se entrevistó con el ex represor e integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Ricardo Oliveros, quien dijo tener información acerca de Jorge. Le confirmó que fueron Arrillaga y Caffarello los responsables del secuestro de su hermano e incluso les dijo que podía saber dónde estaba enterrado el cuerpo. Además le pidió 20 mil dólares para declarar todo lo dicho en los Juicios por la Verdad, que habían comenzado en la ciudad.
Tiempo después Oliveros escapó a España acusado de estafa. En aquel país fue detenido en 2005 y confesó su participación en la represión durante la última dictadura cívico militar. Ante el juez Fernando Grande Marlaska –que suplantaba a Baltasar Garzón–, dijo ser responsable de la muerte de dos mujeres. Una sería Mercedes Lohng y la otra se llamaría Patricia Silvia, ambas estarían enterradas como NN en el cementerio de Mar de Cobo. También confesó la ejecución del “Pajaro” Del Monte. “Fueron actos de servicio como agente del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino”, aseguró


Por Federcico Desántolo

martes, 30 de agosto de 2011

audiencia 11º, día 29 de agosto.



Bicarelli, un policia con mucho poder


Un ex detenido desaparecido aseguró que el imputado lo secuestró y torturó. Otro testigo dejó al descubierto la relación del ex policía con las fuerzas represivas en Necochea.
El discurso del 1º de mayo de 1976 del ministro de Trabajo, coronel Horacio Liendo, motivaba a los carceleros. Cuando el funcionario decía en cadena nacional que había que unirse para combatir la subversión, los soldados que trasladaban a un grupo de detenidos de Sierra Chica a la cárcel de Devoto descargaban su furia contra los trasladados. Golpes de puño, patadas y palazos dentro del camión del Ejército argentino.
El abogado Martín Garamendy recordó ayer frente al Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), que juzga a 16 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, aquel viaje y señaló al ex comisario Héctor Francisco Bicarelli como a uno de sus secuestradores y torturadores.
Cuando se produjo el golpe de Estado en marzo de 1976, Garamendy que militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) había dejado la facultad de Derecho y se había vuelto a Necochea. En la casa de su mamá, en la avenida 2 y la 89, un grupo de militares y policías, lo secuestró el 25 de marzo. Entre los captores estaba el oficial Bicarelli, quien dudó en ejercer la impunidad de aquellos días. Según el testigo, primero le puso una escopeta de dos caños en la boca y así lo llevó desde el ascensor hasta el auto. Luego, durante el primer interrogatorio en el destacamento de playa Díaz Vélez, mientras todos lo golpeaban con patadas y trompadas, el comisario lo hacía con un fierro y aumentaba su castigo si el detenido perdía el equilibrio y caía al piso.
La madrugada del 26 de marzo, Garamendy y otros dos militantes peronistas –Mario De Francisco y Omar Basave-, fueron trasladados a la comisaría cuarta de Mar del Plata. Allí fueron alojados con otros detenidos políticos y fueron sacados de sus calabozos para ser interrogados bajo tortura en el centro clandestino de detención “La Cueva” que funcionó en la Base Aérea local. Garamendy recordó que en los interrogatorios le preguntaban por sus compañero de militancia de Mar del Plata, pero como él había dejado la ciudad un año atrás nunca supo que decir. También reconoció que el excomisario Marcelino Blaustein –imputado en la causa- era el único oficial que mantenía contacto con los detenidos y les informaba cual era la situación de cada uno e incluso algunas vez permitió que nos llegara la comida que nos enviaban los familiares.
Según el informe de Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (Dipba), Garamendy era un integrante operativo de la organización Montoneros. Así fue que a finales de abril del 76 fue trasladado por error junto a otros detenidos a la cárcel de Sierra Chica. Allí pasaron unos pocos días y luego fueron llevados a su destino original: la cárcel de Devoto. Aquel traslado fue la noche del 1º de Mayo, cuando los carceleros los “molieron a palos” siguiendo por radio el discurso del por entonces ministro de Trabajo, el coronel Horacio Liendo.
Garamendy estuvo detenido en Devoto hasta febrero de 1977. Luego volvió a Necochea y se presentó ante la autoridad militar para informar que había sido liberado y que había cumplido su castigo. El coronel Pedro Barda, jefe de la subzona militar XV, le dijo que abandonara la militancia que estudiara y que una vez por mes lo visitara en el regimiento. El testigo entendió que le pedía que fuera “informante” y decidió hacer lo contrario: pasó a la clandestinidad y luego emigró a Suecia.
Ya en democracia y devuelta en Necochea, Garamendy tuvo que soportar la constante intimidación de Bicarelli que ya era comisario y un hombre con mucho poder. El policía le hacía llegar distintos mensajes diciendo que todavía lo vigilaba o que aún se ocupaba de él.
Mario De Francisco declaró después de su amigo Garamendy. Los dos compartieron el cautiverio en la comisaría cuarta y fueron llevados juntos a “La Cueva” donde fueron torturados salvajemente.
El ex militante de la JP fue detenido la misma noche que Garamendy. Estaba en un boliche de Necochea y de pronto se prendieron las luces, un policía lo señaló y un grupo de personas pertenecientes al Ejército Argentino lo sacaron del lugar. Al día siguiente ingresaba a la comisaría cuarta de esta ciudad donde pasaría 15 días para luego ser liberado.
Los hermanos menores de Mario, Juan Carlos y José Luis también declararon ayer frente a los jueces Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros. Los dos militaban el JP cuando se llevaron a su hermano. Juan Carlos lo hacía en La Plata y José Luis en Necochea. Ambos tuvieron que vivir el cautiverio de Mario escondidos porque sabían que a ellos también los buscaban.
José Luis militó con Garamendy y aún son amigos, ayer contó que el abogado le contó en más de una oportunidad que Bicarelli había estado en su secuestro y en la primera sesión de torturas.

Al borde del desmayo
Adolfo De Francisco es primo de Mario, de José Luis y Juan Carlos. Pero llamativamente no fue presentado como un testigo de la querella. En su breve a locución resaltó “la valentía del comisario Bicarelli” quien lo salvó en abril de 1976 cuando fue detenido por la Prefectura Naval en Necochea.
El testigo contó que en un control vehicular fue confundido con uno de sus primos –conocidos militantes de la JP en Necochea-, y detenido por un grupo de la Prefectura. Lo cierto es que el padre de Adolfo había sido compañero de la Colimba del papá de Bicarelli y le pidió una mano. Juntos fueron a ver al oficial. A los pocos minutos estaban los tres en el cuartel de la Prefectura. Fue el comisario quien discutió con el prefecto a cargo de De Francisco para lograr que lo liberaran.
De Francisco no sólo intentó ayudar a Bicarelli sino que también aprovechó para agraviar al testigo Garamendy, quien ayer complicó la situación del ex comisario.
Lejos de colaborar para alivianar la situación de Bicarelli, el testigo, con su testimonio, dejó en claro la relación del imputado con las fuerzas represivas y su influencia capaz de salvarle la vida a una persona.
Tras la declaración de De Francisco, Bicarelli sintió un sofocón e intentó ponerse pie pero tuvo que ser sujetado por personal del Servicio Penitenciario para no caerse. Los paramédicos dijeron que se trató de un trastorno de ansiedad. Su abogado solicitó al tribunal autorización para llevarlo a una clínica y el permiso fue concedido

sábado, 27 de agosto de 2011

10º audiencia. Día 23 de agosto.

El beso de Judas


Seis testigos contaron ayer que el ex integrante de la CNU, Nicolás “Nico” Caffarello tuvo participación en los secuestros y asesinatos del militante peronista Daniel Nario y su mujer Liliana Pachano
Un beso. Esa era la manera de marcar al objetivo. Así, el integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Nicolás Miguel Caffarello, ingresó a “Bar Musical” y saludó a los cuatro amigos que allí se encontraban. Daniel Nario, militante de la Juventud Peronista en la facultad de Psicología y presa de la represión, fue el único que recibió el beso.
Héctor Di Marco ingresó ayer a las 10 a la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) donde se juzga a nueve militares y siete policías por los crímenes cometidos en el circuito represivo Mar del Plata-Necochea durante la última dictadura cívico militar. Antes de sentarse, buscó con la mirada a Caffarello entre los acusados. Los nervios se le notaban en la velocidad con la que mascaba el chicle. Cuando el presidente del tribunal le preguntó si juraba decir verdad, contestó: “A eso vengo…a decir verdad”.
En 1976, Di Marco tenía 18 años y frecuentaba un grupo de amigos, egresados del Colegio Industrial. El miércoles 21 de abril parte del grupo se encontró en el local de venta de productos musicales llamado “Bar Musical”, ubicado en el centro de la ciudad. Allí estaba Daniel Nario, a quien no veían hacía dos años. El testigo contó que en un momento Caffarello llegó al local para saludar a Nario porque habían ido juntos al colegio. Le dio un beso, un abrazo y charlaron un instante hasta que una persona de “aspecto militar” vino a buscar a Caffarello.
Según Di Marco, a los dos minutos, la misma persona alta de pelo corto y voz imperativa entró otra vez al comercio con una ametralladora. Les pidió documento, pero nadie tenía. Tomó a Nario de la bufanda que le cubría el cuello y lo sacó a la calle. Esa fue la última vez que lo vieron con vida.
Di Marco fue quien le avisó a los padres de Nario lo ocurrido con su hijo y los acompañó a algunas comisarías a averiguar que había pasado, pero nadie les decía nada. El testigo recordó que con el tiempo, Caffarello se empezó a acercar al grupo de amigos que se juntaba en el Jockey Club o en el café Supercream. Así supo que el ahora imputado en aquellos años era integrante del SIE. Incluso aseguró que llevaba una credencial que vio una vez que Caffarello tuvo que persuadir a un policía de tránsito que intentaba hacerle correr el auto.
Según el relato de Di Marco, Caffarello ostentaba la impunidad que le garantizaba formar parte del aparato represivo. “Andaba armado. Era zurdo y llevaba el arma siempre en ese costado de la cintura”, rememoró.
También mencionó que andaba en un auto Peugeot 504 rojo que -según había contado el ex miembro de la Concentración Nacional Universitaria- había sido robado en Buenos Aires. Del baúl de ese auto, Di Marco vio como Caffarello, sacaba una gran cantidad de armas largas.
Seis meses después del secuestro, Di Marco le comentó a un integrante del grupo de amigos lo que había pasado con Nario. A los pocos días recibió una amenaza de Caffarello, quien le dijo que si no cerraba la boca “iba a aparecer en una zanja y lleno de panfletos”.
El segundo testigo de la jornada requerido por el fiscal general federal Daniel Adler fue el hermano de la víctima, Jorge Omar Nario. Frente al tribunal conformado por Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros recordó que sus padres le dijeron que su hermano estaba con unos amigos en un lugar y que alguien entró lo señaló y que luego se lo llevaron.
Jorge tenía 13 años cuando Daniel fue secuestrado. Esa noche fue testigo del secuestro de su cuñada Liliana Pachano. Recordó que después de haber recorrido las comisarías en busca de su hermano, volvieron a su casa y antes de bajar del auto, una camioneta blanca y un Ford Falcon del mismo color llegaron hasta su casa. Bajaron ocho hombres que vestían de civil y todos -menos uno- estaban encapuchados. Se asomaron al auto y preguntaron por Pachano, Liliana les contestó y se la llevaron. Los padres de Nario presentaron varios habeas corpus por su hijo y su nuera, pero nunca nadie les informó nada. Dos meses después del secuestro de Daniel y Liliana, recibieron un llamado de la Comisaría Tercera para avisarles del hallazgo de dos cuerpos en una playa de Punta Mogotes. Nina nunca aceptó que su hijo había sido asesinado y continuó la búsqueda hasta el día de su muerte, en 1979.
El testimonio del matrimonio Fascionato, también complicó la situación del acusado. Hugo declaró antes que su mujer, pero los dos hicieron mención a la noche en la que se enteraron de que Caffarello, supuestamente, había asesinado a Nario.
El testigo recordó que entre junio y julio del ’76 se encontraba con su mujer Alicia Di Carloantonio, en la casa de Elisa Priesker, una amiga del matrimonio. Allí, también estaba el novio de Elisa, Miguel “El Vasco” Eliazabal que frecuentaba el grupo de amigos que se juntaba en el café Supercream.
Según Hugo y Alicia, esa noche Eliazabal les contó que había escuchado a Caffarello decir que había matado a Nario porque “estaban en bandos diferentes”.
El matrimonio recordó haber quedado muy impresionado por la noticia sobre todo porque Hugo había sido compañero de Caffarello en el Colegio Industrial. Habían compartido el equipo de voley. Esa noche también supieron que el acusado formaba parte del SIE.
Según consta en el expediente de la causa Nario, Daniel y su mujer Liliana Pachano fueron hallados en una playa de Punta Mogotes el 30 de junio del ’76. Él presentaba cuatro disparos en la cabeza y las manos atadas en la espalda.
El informe forense asegura que su muerte fue producida 30 días antes del momento del hallazgo. Fue asesinado a fin de mayo del ’76.

LOS RECUPERABLES Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, algunos miembros de la CNU -Fernando Delgado, Eduardo Ullúa, Nicolás Caffarello y Eduardo Cincotta- pasaron a ser parte de la represión estatal. Según consta en los informes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, estas personas –que continuaban sus tareas bajo el mando de las fuerzas militares- eran consideradas “recuperables”.
En el informe secreto de la Prefectura Naval Argentina utilizado como prueba por el Tribunal, puede leerse: “El GADA 601, que siempre mantuvo hermetismo respecto de sus operativos, no cuenta con personal capacitado en inteligencia, en la medida en que las circunstancias lo aconsejan… se valió de personas civiles que militaban en la Concentración Nacional Universitaria que llegaron a actuar con total impunidad en la ciudad”.

Por federico Desántolo

martes, 16 de agosto de 2011

9º audiencia, dia 9 de agosto 2011.


Historia de persecución, ausencias y muerte


Carmen Leda Barreiro de Muñoz, abuela de Plaza de Mayo y ex detenida desaparecida declaró ayer en el juicio por la megacausa La Cueva. En poco más de dos horas y media narró su historia de persecución, ausencias y muerte
“La historia la estamos construyendo ustedes detrás del estrado, nosotros frente a ustedes y los genocidas de costado. Esto no es el pasado, es el presente”. Así, la abuela de Plaza de Mayo y ex detenida desaparecida Carmen Leda Barreiro, cerró su declaración frente a los jueces del Tribunal Oral Federal 1 que juzga a 16 personas –entre policías y militares- por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en lo que se denominó el circuito represivo Necochea – Mar del Plata.
No es la primera vez que declara frente a un tribunal. Lo hizo el año pasado cuando se juzgó a uno de sus carceleros en el centro clandestino que funcionó en la Base Aérea local. Ayer parecía que si lo era: no quiso parar su relato cuando el presidente del tribunal le ofreció hacer una pausa y apenas tomó unos sorbos de agua durante las dos horas y media que duró el relato.
Parte de la historia de la familia Muñoz Barreiro podría ser una tragedia si no fuera tan real: una hija embarazada desaparecida y una nieta por recuperar; un hijo y una nuera detenidos en distintas cárceles del país durante seis años; ella y su marido detenidos desaparecidos por cuatro meses y un hijo que a los 13 años ya se había hecho la idea de que jamás volvería ver a sus padres.

El principio de todo Barreiro fue hasta mayo de 1975 para rastrear el principio de una historia de persecuciones. El primer allanamiento lo hizo una patota de la CNU comandada por el abogado ya fallecido Eduardo Cincotta. Fue una noche que sus dos hijos más grandes –Silvia y Alberto- no estaban en la casa. Alberto tenía 17 años y estaba en casa de su novia que estaba embarazada. Fabián, -el menor, de 9 años- era el que estaba allí con sus padres y fue el objeto de la agresión de los hombres armados. Lo golpearon a patadas y trompadas para que Leda y su marido le dijeran dónde estaban las supuestas armas. Lo buscaban a Alberto y como no lo encontraron se querían llevar a alguien. Finalmente el jefe del operativo –un hombre rubio, de ojos muy celestes- dijo que no, porque esa noche ya tenían “a la gorda”. Leda supo, tiempo después, que se trataba de “Coca” Maggi, la decana de la facultad de Humanidades, secuestrada y asesinada por la CNU en 1975. Su cadáver apareció meses después en la laguna de Mar chiquita.
La patota se fue con una foto de Alberto y un botín que incluyó hasta los cubiertos. Así empezó la persecución que finalizó en abril de 1978. Cambiaron de domicilio y se separaron. Alberto y su novia se fueron a Mendoza; Silvia dejó la facultad y el matrimonio con el más pequeño vivían de casa en casa. Durante ocho meses, vivieron vigilados y tratando de escapar.

El periplo de “Beto”
El matrimonio y Fabián se fueron a vivir a Bariloche cuando a Alberto padre –empleado de Casinos- lo trasladaron a Buenos Aires. Allí recibieron la noticia de la detención de Alberto, de su mujer y de la pequeña recién nacida. En una plaza de Mendoza, después de buscar sin encontrar, Fabián vio la cara de su hermano y su cuñada en el diario. El título decía “los presos políticos torturados”. Con el diario en la mano Leda se entrevistó con el director de la penitenciaria. El hombre levantó uno de los muchos teléfonos que tenía sobre su escritorio y dijo: “Traigan al recluso Muñoz”. “Beto estaba muy desmejorado había sido torturado y le habían puesto un uniforme gris”, recordó Leda. En esa cárcel también estaban su nuera y su nieta recién nacida, pero no pudo verlas.
En una de las tantas visitas a Mendoza, se enteraron que Alberto había sido trasladado a la Unidad 9 de La Plata y que su nuera estaba en Devoto. Pero nadie sabía nada de la pequeña. Después de unos meses y gracias a la ayuda de los familiares de otras presas pudieron recuperar a la bebé, que fue entregada a la abuela materna.
El matrimonio Muñoz y el pequeño Fabián cambiaron de destino: de Bariloche a Paraná. Las visitas a La Plata para ver a “Beto” eran constantes. Estaba en el “pabellón de la muerte”. Siempre hubo un acuerdo tácito que impuso “Beto” durante las visitas: no hablar de lo que pasaba en la cárcel.
Silvia, la mayor de los tres, había pasado a la clandestinidad junto con su organización y también vivía en La Plata. Compartía una casa con su novio Gastón y con Virginia Piantoni y su pareja. Alberto y Leda tenían que someterse a todas las normas de seguridad cada vez que querían ver a su hija. Nunca supieron donde quedaba la casa.
A pocos meses del golpe de Estado, Beto fue trasladado a distintas cárceles hasta terminar definitivamente en Caseros. Allí también iban Leda y Fabián a visitarlo.


El secuestro de Silvia
La testigo recordó que con la llegada del golpe, la represión se recrudeció. Virginia Piantoni, la compañera de Silvia decidió volver a Mar del Plata y en medio de una paliza que le dio su padre, le confesó que estuvo militando en al Juventud Peronista. Fue llevada por él frente a las autoridades militares para que contara todo lo que sabía. Luego regresó a su casa.
A los tres meses, Virginia fue secuestrada. Sobrevivientes de la comisaría cuarta la vieron en aquel centro clandestino de detención. Apareció muerta al costado de una ruta. Llevaba puesto un vestido de novia.
Silvia y Gastón tuvieron que cambiar de casa por seguridad. Leda, Alberto y Fabián estaban viviendo en Córdoba luego de un nuevo traslado. En diciembre del 76 irían a La Plata para pasar Navidad con Silvia y Gastón que tenían un regalo que hacerles. El plan era pasar Navidad en un restaurante de La Boca. Como siempre había una cita en una plaza de la Plata y de allí partirían a festejar.
A las 8, Silvia no llegó a la cita, entonces Leda sabía que tenía que volver a las 12. Cuando volvieron estaba sólo Gastón. Les dijo que Silvia no había vuelto a dormir y que el regalo que querían darles era decirles que estaban esperando un hijo.
Buscaron a Silvia durante tres días y volvieron a Córdoba. Gastón no quiso irse con ellos porque iba seguir buscando. Silvia fue vista por última vez en el Pozo de Banfield. Allí tuvo a su hijo. Gastón también permanece desaparecido.

Leda y Alberto
Por pedido de Fabián, Alberto pidió un nuevo traslado al Casino de Mar del Plata. Los tres desembarcaron en un departamento de Independencia y Vieytes. El 16 de enero de 1978, a pocos días de llegar, Leda fue sorprendida mientras dormía por cuatro hombres jóvenes que le taparon la cabeza con una funda de almohada y se la llevaron del departamento en absoluto silencio sin que Fabián –que dormía en su cuarto-, se enterara.
Alberto había sido capturado dos horas antes cuando ingresaba al edificio. Leda no lo sabía, pero su marido estaba en La Cueva con ella.
Las sesiones de torturas eran salvajes. Golpes de puños, picana, quemaduras con cigarrillos y “submarino”: le hundían la cabeza en un balde con agua hasta el límite del ahogo. “La mesa que utilizaban para atar a los detenidos y “picanearlos” tenía la marca de un cuerpo en cruz. Nunca pudieron borrárselo”, recordó Leda.
Después de algunos días Leda y Alberto se vieron. A partir de allí se comunicaban con tosidos. Él tosía a la mañana y ella sabía que estaba bien y respondía.
Consultada por la Fiscalía, Leda recordó que había un detenido que le decían “Chiche” y que había perdido la razón. Era un detenido de la Marina. También estaba una chica joven, carolina Yacúe, que conocía por haber sido la novia de un amigo de la familia. Aún permanece desaparecida.
Un día escuchó que uno de los guardias se quejaba porque lo habían mordido y supo que en algún lugar había al menos cinco chicos y uno de ellos era un bebé que Leda y otros cautivos escucharon llorar en más de una oportunidad.
La querella le preguntó por los “vuelos de la muerte” y la testigo dijo que en los cuatro meses que estuvo en La Cueva escuchó tres veces que un avión se acercaba a donde ellos estaban y se subían a detenidos que luego nunca más veían.
Barreiro tuvo que soportar la locura de sus carceleros. Un tal “Pepe” y el oficial Gregorio Molina estuvieron toda una noche diciendo que la iban a matar. Molina disparó su arma contra la mujer, pero no acertó ni un disparo de tan borracho que estaba. Otros guardias eran nombrados con el sobrenombre de “Pepito” y otro era “El Cura”, decían que había sido sacerdote.
Después de cuatro meses, el 18 de abril Leda y Alberto fueron subidos a una camioneta. Los llevaron lejos y los ataron a unos árboles. Cuando los autos se fueron se desataron y caminaron hasta ubicarse. Una patrulla de la comisaría cuarta los levantó y los llevó hasta la seccional. Allí estuvieron algunas horas y los dejaron ir. Leda y Alberto se reencontraron con Fabián. “Beto” recuperó la libertad después de 6 años y ahora vive en España con su mujer y sus hijas. Silvia permanece desaparecida. Leda todavía busca a su nieto nacido en cautiverio.





Por Federico Desántolo.

martes, 9 de agosto de 2011

8° audiencia. Dia 8 de agosto



Danos 3 ó 4 nombres y te vas



Luis y Mónica Rafaghelli secuestrados en abril de 1976 en Necochea declararon ayer en el juicio que se le sigue a militares y policías por los crímenes cometidos en lo que se llamó el circuito represivo Necochea - Mar del Plata durante la última dictadura cívico militar


“Operativo tordo”. Así llamaron los policías y los militares al secuestro del entonces abogado Luis Rafaghelli y su hermana Mónica, ocurrido en Necochea el 20 de abril de 1976. Los dos fueron alojados en la comisaría cuarta de Mar del Plata, previo paso por la comisaria 1° de Necochea y torturados en el centro clandestino La Cueva. Ella fue liberada a los 20 días y él, 4 meses después. Ayer declararon en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) donde se juzga a 8 militares, 7 policías y un civil por los crímenes cometidos en el circuito represivo Necochea – Mar del Plata. Su testimonio complicó a cuatro imputados.
Luis Rafaghelli tenía 26 años cuando fue secuestrado en su estudio de Quequén donde ejercía su profesión de abogado laboralista. Ayer, a punto de cumplir los 62 años volvió a contar aquel infierno ante los jueces Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros.
Cuando la patota compuesta por militares y policías llegó a buscarlo, Rafaghelli no estaba. Allí encontraron a una joven de 18 años que trabajaba como secretaria del abogado. Cuando supieron que era la hermana del buscado le pegaron hasta que se orinó encima. El grupo eran personas vestidas de civil y, entre ellos, había al menos dos policías: Mario Jorge Larrea y Adriano Argüello, ahora sentados en el banquillo de los acusados. Rafaghelli reconoció a Arguello como el policía que le pudo una pistola 45 en la cabeza apenas entró al estudio. Al comisario Larrea le pidió explicaciones, lo conocía por concurrir seguido a la comisaría primera de Necochea por trámites laborales. El oficial le respondió cumplimos ordenes del Ejército. En el estudio fue la primera sesión de torturas: una paliza con golpes de puño y palazos.
Tirados adentro de un auto, los llevaron a la comisaría primera. En el auto nadie hablaba, los secuestradores se comunicaban con chasquidos de dedos y señas. Sólo dijeron “Operativo tordo” para que los dejaran entrar a la dependencia policial. Allí recibió otra golpiza que lo dejó al borde del desmayo. Le dijeron: “Danos tres o cuatro nombres y te vas. Sino te mandamos a Sierra Chica”.
El testigo contó que en ese momento de golpes e interrogatorio volvió a aparecer Larrea, quien le levantó la capucha y le dijo “no tome agua doctor que le va hacer mal”. También recordó que tiempo después de su liberación, el comisario Héctor Francisco Bicarelli –otro de los imputados-, le dijo que había una guerra contra la subversión y que se cuidara.

Rafaghelli le aseguró al tribunal que Bicarelli y el ex coronel Jorge Luis Toccalino eran los encargados de las acciones en Necochea. Remarcó que había un coronel de apellido Coronel que era el emisario político de los militares, pero que Toccalino estaba a cargo de los operativos.
Una semana atrás el imputado Toccalino dijo ante el tribunal que su misión en Necochea había sido “hacer trabajo social para acercar al Ejército y a la población”
A la madrugada, los hermanos Rafaghelli fueron llevados a Mar del Plata y alojados en la comisaría cuarta. Mónica fue a un pabellón con otras mujeres, entre quienes estaban María Eugenia Vallejo y María Esther Martínez Tecco.
Luis fue llevado a un calabozo individual y allí estuvo 37 días incomunicado. Una semana después de su llegada a la comisaría, los dos hermanos fueron llevados al centro clandestino de detención que funcionaba en la Base Aérea conocido como La Cueva. Mónica pudo zafar de la tortura porque le agarró una crisis de nervios y uno de los interrogadores dijo que así no se podía trabajar.
En cambio, Luis fue torturado con picana durante una hora. Ayer recordó que el interrogatorio era muy general, nada específico. Le preguntaban por el abogado Roberto Centeno –secuestrado y asesinado en la Noche de las Corbatas, en 1977-. La segunda sesión de torturas fue días después, también en La Cueva.
A los 37 días, Rafaghelli fue llevado a un pabellón común en la comisaría cuarta. Allí conoció al periodista Amílcar González, secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976. También estaba Rubén Santiago Starita del sindicato de Guardavidas y Félix Gutiérrez, delegado gremial de la empresa de ascensores Volta. Ambos permanecen desparecidos.
Con el tiempo, Rafaghelli comenzó a recibir vistas de sus padres, hermanos e hijos. El 16 de agosto le dijeron que se iba y lo llevaron esposado frente al coronel Pedro Barda, jefe de la subzona militar 15 y dueño de la vida y la muerte en toda la región. Recordó que lo hizo pasar a su oficina y que le dijo que quedaba en libertad pero le advirtió que si había otra denuncia en su contra “volvía otra vez pero con los pies para adelante”.
Barda tenía una Biblia sobre el escritorio, y el testigo no dudó en decirle que el comportamiento que habían tenido con él no se parecía a lo que ese libro predicaba. Sin inmutarse el coronel le dijo que se libraba una guerra y que “todo sospechoso era culpable hasta que se probara lo contrario”. Le dijo que había sido torturado durante su cautiverio y Barda respondió que era parte de la metodología.
Hoy, Rafaghelli está convencido que fue secuestrado como represalia por su profesión de abogado laboralista. Sabe que algún empresario lo denunció por defender a los trabajadores. Su participación como defensor de un delegado gremial de un astillero en Necochea no fue perdonada.
A su turno, frente al tribunal, Mónica también recordó al comisario Biccarelli. Ya en democracia el oficial retirado trabajaba como seguridad en los supermercados Toledo de Necochea. Se sabía cercado por la Justicia y un día vio a la testigo en la calle. Se le acercó y le dijo: “dicen que yo estoy involucrado con la represión. ¿Usted se acuerda de algo?”. Rápida de reflejos, la mujer respondió que no. Ayer lo nombró ante el tribunal que juzga al ex comisario.

Olvido selectivo
Miguel Ángel Nicosia era amigo de la infancia de Luis Rafaghelli en Lobería. Ambos vivían en la misma cuadra. En La Plata compartieron algunas cátedras de Derecho, pero luego de algunos años se separaron.
Nicosia pidió prórroga para hacer el servicio militar porque quería terminar la carrera. En abril del 76, se terminó el plazo y cumplió funciones como administrativo en el Gada 601. Allí volvió a saber de su amigo: lo vio en un listado que él tenía el trabajo de pasar a máquina y que decía “detenidos a disposición del PEN”. Nunca dijo nada hasta que en los años 80 se reencontró con Rafaghelli en un juzgado de La Plata y le contó aquel episodio. El testigo entendió que su amigo había intercedido en cierta forma ante su superior para ayudarlo.
Nicosia declaró ayer en el juicio. Lo único que recordó fue el listado. Nunca supo quien le entregaba esas listas para que las pase en limpio y tampoco recordaba el nombre de sus superiores. “no me acuerdo con quien estuve la semana pasada, menos me voy a acordar lo que pasó hace 35 años”. Esa fue su frase más repetida. Luis Rafaghelli lo veía y escuchaba sentado en la sala de audiencias.


Por Federico Desántolo

domingo, 7 de agosto de 2011

2 de agosto del 2011- 7º audiencia


Declaro solo uno de los imputados

El coronel retirado Jorge Luis Toccalino fue el único de los 16 imputados que decidió hablar, no sin antes aclarar que no contestaría preguntas de los abogados querellantes. Cuando uno de los jueces le preguntó por los centros clandestinos de detención, se negó a responder
El coronel retirado Jorge Luis Toccalino es juzgado por decenas de privaciones ilegales de la libertad agravada, imposiciones de tormentos agravados y dos homicidios doblemente calificados por ensañamiento y alevosía en el marco de los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención (CCD) conocidos como La Cueva y comisaría cuarta de Mar del Plata durante la última dictadura cívico militar. Ayer en la séptima audiencia del juicio que se lleva adelante en el tribunal oral federal, fue el único de los 16 imputados que decidió declarar.

Con sus 77 años –le faltan pocos días para llegar a los 78-, es uno de los imputados más viejos. Pero a diferencia del resto de los militares y policías en el banquillo de los acusados, los achaques de la edad no se le notan. Por el contrario, su voz firme y vehemencia al hablar, le quitan años. A paso seguro caminó y se sentó frente a los jueces Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros. Por consejo de su abogado Gerardo Ibáñez, Toccalino informó que no contestaría preguntas de la querella y solo respondería a la requisitoria de los jueces siempre y cuando se tratase de repetir algún concepto que no haya quedado claro. Sin posibilidad de ser interpelado, el acusado hizo un somero repaso de su carrera militar, de sus funciones específicas en el GADA 601 durante la última dictadura; citó al menos dos veces a Santo Tomás de Aquino para hablar de venganza en lugar de justicia y rogar a los jueces “prudencia”.

Lo primero que hizo el coronel retirado frente al estrado fue rechazar las “injustas imputaciones” que se le hacen. Y, enseguida, explicó: “Declaro en este momento porque de soldado del Ejército argentino se me quiere convertir en delincuente”. Todo el tiempo se dirigió al tribunal. Solo bajó la vista para consultar unos papeles que hacían de ayuda memoria.

Como todo relato bien ordenado comenzó desde el principio. Contó que fue nombrado coronel por el Senado de la Nación en 1984 y nombrado agregado militar en Ecuador por el presidente de aquel entonces Ricardo Raúl Alfonsín. Con respecto a sus años en el GADA 601 recordó que fue enviado cuando era oficial mayor del Ejército. Allí fue nombrado jefe de la sección Operaciones. En todo momento se encargó de aclarar que nunca se desempeñó en el área de Inteligencia. También mencionó que nunca impartió órdenes porque nunca tuvo personal a su cargo ni manejo de tropa.

Como jefe de Operaciones le tocó ocuparse de las medidas de seguridad de “puntos sensibles” de la subsede Mar del Plata durante el Mundial 78. Incluso fue el encargado de informar a la prensa de todo el mundo cuales eran aquellas medidas de seguridad.

En cuanto a la “lucha contra la subversión”, Toccalino contó que su tarea fue en algunas oportunidades “tomar contacto con la población” mediante el trabajo social. Según explicó, la subversión se apoyaba en la población urbana entonces era su tarea que el Ejército ganara la confianza de los ciudadanos mediante la organización de distintos eventos como el arreglo de escuelas, desfiles y conciertos con la banda de música.

El coronel retirado también recordó que luego del Mundial 78, pasó algunos meses preparando las defensas antiaéreas de distintas zonas del país, ante el inminente conflicto bélico con Chile. “Nos habíamos olvidado de la subversión ante la posibilidad de una guerra”, contó Toccalino.
El ex jefe de fuerzas terrestres en Malvinas, recordó que la jurisdicción de General Pueyrredon dependía exclusivamente del GADA 601. Así intentó explicar que los “hoy llamados centros clandestino de detención” que dependían de otras fuerzas no estaban en Mar del Plata. Acto seguido afirmó con categoría: “nunca participé de una detención, ni de un traslado ni de un interrogatorio”.

Toccalino recurrió a uno de sus pensadores predilectos para interpelar al tribunal. Primero definió el concepto de venganza de Santo Tomás de Aquino y dijo que con estos juicios no se busca justicia sino venganza y que se actúa con iracundia (exceso de ira), crueldad (exceso de castigo) y ferocidad (deleite de los castigos a otro, aún sin causa). Por último rogó a los jueces que tuvieran “prudencia”, la primera de las “virtudes cardinales” según el santo. “Aquella que está por encima de la justicia y la verdad”, concluyó.

No sabe, no contesta

La vehemencia de los gestos y la firmeza en la voz del imputado se perdieron por unos segundos. El silencio fue imperceptible pero pareció eterno. El juez Daniel Cisneros quiso saber como llamaban a los centros clandestinos de detención en aquel entonces. Toccalino dijo no entender la pregunta y el juez arremetió: “¿si usted dijo que no sabía de los hoy llamados centros clandestinos de detención, cómo se llamaban antes, como los nombraban?”. ”Prefiero no contestar esa pregunta”, fue la respuesta del imputado.

Continuarán en casa

Antes de tomar declaración a Toccalino, el tribunal dio a conocer su decisión con respecto a los pedidos de las partes realizados en la audiencia del lunes. En cuanto a la solicitud del abogado Horacio Insanti –defensor de los policías Ernesto Orosco y Héctor Cerutti- de nulidad del juicio por considerar que los delitos que se juzgan están prescriptos y sus clientes amnistiados, los jueces fallaron en contra y el debate continuará.

En tanto, al pedido de las querellas y la fiscalía de revocar el arresto domiciliario de 13 imputados y la excarcelación de uno de los policías, el tribunal decidió no hacer lugar a la requisitoria. No obstante, solicitarán al Patronato de Liberados –órgano a cargo de custodiar que los detenidos cumplan con las reglas del arresto domiciliario- un informe de cada uno de los imputados cada 15 días, hasta el final del debate.


Por Federico Desántolo

1 de agosto 2011 - 6º audiencia


Nulidades y cárcel común fueron los pedidos de las partes

Tras la feria judicial se reanudó el juicio a los 16 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata y Necochea

La sexta audiencia del juicio en el que se juzga a 16 personas -entre militares y policías- por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en centros clandestinos de detención (CCD) de Mar del Plata y Necochea, se extinguió rápidamente entre las solicitudes de nulidad de los defensores y el pedido de revocación del arresto domiciliario de los imputados por parte de los querellantes. El tribunal resolverá hoy los planteos de las partes.
La jornada comenzó con una hora de demora debido a que dos de los imputados –el policía Marcelino Blaustein y el exintegrante de la Concentración Nacional Universitaria, Nicolás Caffarello- llegaron tarde al tribunal. Los primeros en tomar la palabra para las solicitudes preliminares fueron los defensores, quienes repitieron con mayor o menos grado de exactitud, el mismo argumento: “La nulidad del proceso judicial por entender que los delitos que se le imputan a sus clientes prescribieron o fueron sujetos a amnistía”.

Horacio Insanti –representante de los policías Ernesto Orosco y Héctor Carlos Cerutti-, fue el primero en tomar la palabra. Al borde del enojo, el abogado solicitó que se anule la elevación a juicio de sus clientes por considerar que los delitos que se le imputan ya prescribieron y que además fueron amnistiados con la declaración de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
En su argumentación, Insanti trajo a cuenta que el juez federal de primera instancia, Alejandro Castellanos –a cargo de la instrucción de la causa- había rechazado su planteo por considerarlo una maniobra dilatoria para evitar llegar al juicio oral. Por lo tanto, solicitó la anulación del juicio hasta tanto se trate la apelación que hiciera en primera instancia.

En otro intento de argumentación que le valió un reto del presidente del tribunal, Insanti arremetió contra el procurador General de la Nación, Esteban Righi, a quien acusó de haberse alzado en armas contra el Estado en los años ´70 y ahora nombra a los jueces que juzgan a sus clientes. No sería el único exabrupto del abogado.

Por su parte, el abogado Gerardo Ibáñez, defensor del exteniente coronel del Ejército, Jorge Luis Toccalino, argumentó la violación del principio de irretroactividad que implica –según su visión- juzgar los delitos que se le imputan a su cliente bajo la estructura jurídica de los delitos de lesa humanidad. Al mismo pensamiento adhirieron el resto de los defensores, los abogados Manuel Bailleau (representante del exteniente coronel Leandro Marquiegui y del exintegrante de la CNU Nicolás Cafarello); Paula Muniagurria (defensora del exvicecomodoro Jorge Carmen Beccio); Carolina Muñoz (representante de los policías Marcelino Blaustein, Adriano Argüello y Mario Jorge Larrea), Roberto Babington (defensor del excomodoro Ernesto Alejandro Agustoni) y Juan Pablo Blanco Moyano (defensor junto al abogado Carlos Meira del exgeneral de brigada Alfredo Arrillaga, del exteniente coronel Eduardo Blanco, del excoronel Aldo Máspero, del teniente coronel Fortunato Rezzett y del policía Aldo José Sagasti).
Las defensas coincidieron en asegurar que el concepto jurídico de delito de lesa humanidad fue reconocido por el derecho internacional en 1998 durante el Estatuto de Roma y que allí se estipula que la ley será aplicable a futuro y no a los hechos cometidos en el pasado. Por lo tanto en la visión de los defensores, los delitos cometidos por sus clientes durante la última dictadura cívico militar (1976-1983) no pueden ser juzgados bajo una norma creada en 1998. Así, aseguró el letrado, el principio de imprescriptibilidad -características de los delitos de lesa humanidad- no podría ser aplicado en esta causa y el juicio debería ser anulado por prescripción de los delitos juzgados.

Para finalizar, Ibáñez afirmó que querer juzgar a su cliente bajo la norma de los delitos de lesa humanidad es intentar aplicar el “derecho penal del enemigo”, es decir forzar situaciones que violen las garantías de los imputados.

La réplica del fiscal Juan Portela y de los querellantes no se hizo esperar. En primer lugar, el representante de la Fiscalía le informó al tribunal conformado por los jueces Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros, que lo expuesto por los defensores estaba fuera de lugar ya que el momento procesal para plantear la nulidad del proceso es en el momento de los alegatos, antes del fallo.

Por su parte, el abogado César Sivo -representante de la APDH y de familiares de víctimas- arremetió contra los argumentos de los defensores. Primero aseguró que el abogado Insanti pretendía “mostrar como ilegítimo, un proceso penal sujeto a derecho sin poder exhibir algún perjuicio contra su cliente que le permite poder pedir la anulación de lo actuado”.

En segundo lugar, intentó desarticular la argumentación del abogado Gerardo Ibáñez y aseguró que los delitos de lesa humanidad tienen vigencia internacional desde 1945 con el Tratado de Nuremberg y que fueron reconocidos por la Argentina en el mismo año en lo que se denominó el Acta de Chapultepec. Por ende, -aseguró la querella- “no es cierto que se viole el principio de irretroactividad”. El resto de los querellantes adhirieron al planteo del abogado.

“Todos mis defendidos son presos políticos”

Horacio Insanti, defensor de los policías Ernesto Orosco y Héctor Carlos Cerutti, volvió a caer en el exabrupto cuando los querellantes solicitaron la revocación del arresto domiciliario de 13 de los 16 imputados. El pedido estuvo a cargo del abogado César Sivo, quien aseguró que en ningún lugar del mundo los imputados por delitos de lesa humanidad esperan la decisión de la Justicia en sus casas. Así citó ejemplos de jerarcas nazis que con más de 90 años fueron encarcelados en una prisión común.

Además, el abogado remarcó que en sus casas los imputados no pueden ser controlados como en una cárcel y tienen total libertad para hacer lo que gusten. De esta manera se refirió a un blog llamado Unión de presos políticos de la República Argentina, en la cual un grupo de militares imputados de delitos contra la humanidad se dedica a hacer trabajo de inteligencia y a mantener contacto con otros imputados, con otros miembros de las fuerzas armadas y con hombres de la Iglesia que deslegitiman los juicios que se llevan a cabo en todo el país atacando a los operadores judiciales y a los jueces.

El primer abogado defensor en tomar la palabra tras la solicitud de las querellas fue Insanti. El defensor dirigió su alocución directamente contra la querella a quien llamó “stalinista” por mencionar argumentos vagos y generalidades. Además, lo acusó de desvirtuar las garantías de los imputados y de violar el principio de inocencia de sus clientes. Por último, y en una declaración de sus principios, más que una estrategia argumentativa, exclamó: “Sin eufemismos y sin esquivar el bulto porque nunca lo he hecho, digo que todos mis defendidos en este tipo de casos son presos políticos”. Palabras más, palabras menos el resto de los defensores adhirieron a los argumentos del abogado.

Por Federico Desántolo
4 de julio 2011 - 4º audiencia

Apartan a uno de los imputados

Se trata del oficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina. Un informe médico determinó que debe guardar al menos 90 días de reposo por una enfermedad que lo afecta y le impide trasladarse a esta ciudad

El tribunal que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la megacausa “La Cueva – Comisaría cuarta” decidió postergar por tres meses el juicio al represor Gregorio Rafael Molina, quien debe ser sometido a un tratamiento de quimioterapia para combatir el cáncer que lo afecta desde hace varios años.


El informe médico solicitado por los jueces Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros llegó ayer al tribunal federal donde son juzgados 17 personas –entre policías militares y un civil- por los crímenes ocurridos en el centro clandestino de detención (CCD) La Cueva, la comisaría cuarta de esta ciudad y las dependencias policiales primera y Díaz Vélez de Necochea, durante la última dictadura cívico militar. El parte proveniente de la unidad penal militar de Campo de Mayo. donde Molina se encuentra alojado, determina que el ex oficial de la Fuerza Aérea debe permanecer con reposo absoluto durante 90 días para someterse a un tratamiento de quimioterapia.

A raíz de la decisión del cuerpo médico, los jueces anunciaron ayer que se posterga el enjuiciamiento a Molina hasta que se reponga y pueda concurrir nuevamente a esta ciudad. De esta manera, el juicio continúa para el resto de los imputados. No obstante, Molina será juzgado individualmente cuando su salud así lo permita.

Molina conocido como “Sapo” o “Charles Bronson” ya fue juzgado y condenado a prisión perpetúa el año pasado en la causa que lleva por nombre su apellido. Los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos Paris lo encontraron culpable de los crímenes cometidos en el CCD La Cueva, entre ellos, la violación de mujeres cautivas.

El juicio al resto de los imputados continuará hoy a partir de las 9.30 con la lectura de las elevaciones a juicio. Será la última audiencia antes de la feria judicial de invierno. En agosto se reanudará el debate y comenzarán a declarar los testigos.

En el banquillo de los acusados se encuentran siete militares pertenecientes al Ejército y a la Fuerza Aérea: Leandro Edgar Marquiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Maspero, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio y Fortunato Valentín Rezzett. Los acompañan los policías Marcelino Blaustein, Ernesto Orosco, Adriano Argüello, Aldo José Sagasti, Héctor Carlos Cerutti, Mario Jorge Larrea, Héctor Francisco Bicarelli y el civil Nicolás Caffarello.

Por Federico Desántolo

27 de junio del 2011 - 2º audiencia

Seria apartado uno de los imputados


Se trata del oficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina que, según un informe médico, un tratamiento a causa de un cáncer no le permite asistir a las audiencias.

La segunda audiencia del juicio a 17 imputados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en esta ciudad durante la última dictadura cívico militar comenzó con un lugar vacío en el banquillo de los acusados. El ex oficial de la Aeronáutica, Gregorio Rafael Molina no asistió a la cita con la justicia, el agravamiento de un cáncer en el recto determinó 30 días de reposo y la imposibilidad del traslado del paciente. Es defendido por la Dr Paula Muniagurria (def oficial). Ahora el tribunal espera un nuevo informe médico para determinar si suspende el juzgamiento al represor hasta que mejore o lo deja sin efecto por motivos humanitarios.

La segunda audiencia en la cual se juzga a nueve militares, siete policías y un civil, ex miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) comenzó a las 9.30 y con una sala vacía a excepción del sector de prensa. Durante una jornada de cinco horas se continuó con la lectura de las elevaciones a juicio de cada uno de los imputados.

Molina ya cuenta con una prisión perpetua sobre sus espaldas. El año pasado fue juzgado y co
ndenado por los crímenes cometidos en el centro clan

destino de detención (CCD) La Cueva, entre ellos la violación de mujeres cautivas. El oficial cumple su condena en la Unidad Penal Nº 34 en Campo de Mayo y el cuerpo médico de la repartición militar diagnosticó la gravedad de Molina y ordenó el reposo absoluto a raíz del tratamiento de quimioterapia.


Los jueces Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros juzgan los crímenes cometidos en los CCD “La Cueva”, en la comisaría cuarta y en las dependencias policiales primera y Díaz Vélez de Necochea.

Los imputados, pertenecientes al Ejército y a la Fuerza Aérea, son Leandro Edgar Marquiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Maspero, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio, Fortunato Valentín Rezzett y Gregorio Rafael Molina. También están en el banquillo de los acusados, los policías Marcelino Blaustein, Ernesto Orosco, Adriano Argüello, Aldo José Sagasti, Héctor Carlos Cerutti, Mario Jorge Larrea, Héctor Francisco Bicarelli y el civil Nicolás Caffarello.

Se estima que el juicio durará entre 16 y 18 meses. Se programaron dos audiencias por semana, los días lunes y martes. Se han ofrecidos unos 600 testigos

El Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales Daniel Adler (fiscal general), Juan Portela y María E. Montero. Por su parte, las querellas están integradas por Gustavo Puppo en representación de la Secr de DD.HHde la Provincia; Gloría León patrocina a familiares de víctimas y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación está representada por el abogado Roberto Zelada. Por el Colegio de Abogados, se presenta Gustavo Marceillac y Alberto Rodríguez. César Sivo patrocina a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

Por Federico Desántolo

jueves, 23 de junio de 2011

Primera audiencia martes 21 de junio.



17 REPRESORES AL BANQUILLO



La megacausa incluye los crímenes cometidos contra 85 personas en el centro clandestino de detención que funciono en la base aérea conocido como “La Cueva”, en la comisaría cuarta(MdP) y en las dependencias policiales primera y Díaz Vélez de Necochea.
Con la lectura de los requerimientos a juicio y las imputaciones a cada uno de los 17 imputados comenzó este martes 21 de junio, el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) La Cueva y en las comisarías cuarta de Mar del Plata, y primera y Díaz Vélez de Necochea. En la primera audiencia, el tribunal rechazó dos planteos realizados por los defensores de dos imputados.





La audiencia estaba pautada para las 9.30, pero distintos imprevistos retrazaron el inicio. Los 17 imputados entraron en fila y tomaron asiento detrás de sus defensores. Algunos intentaron esquivar los flashes y las cámaras. Otros se mostraron altivos: sonrieron o sacaron la lengua con disimulo.
Los jueces Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Juan Cisneros ingresaron a la sala alrededor de las 11.20. Después del saludo formal, lo primero fue un pedido de disculpas a las partes –querellas, defensores y fiscalía-, por el retraso. Enseguida sobrevino el reto y el blanco fue el Servicio Penitenciario Federal (SPF) por no haber traído a los imputados en el horario pautado, causa del retraso del inicio del debate. Afuera, unos centenar de personas pertenecientes a organismos de derechos humanos y a agrupaciones políticas hacían sonar los tambores y los bombos para marcar su presencia.



Antes de comenzar con la lectura de los requerimientos a juicio, el tribunal contestó a dos presentaciones realizadas por los abogados de dos imputados. En primer lugar rechazó el pedido de recusación presentada por Manuel Bailleau, defensor oficial de Nicolás Caffarello.
También negaron el pedido de la defensora oficial Carolina Muñoz, quien habría solicitado que se suspenda el juicio para el ex policía Adriano Arguello por considerar que sufre una afectación que le imposibilita defenderse. La pericia oficial determinó que el acusado está en condiciones físicas y psíquicas para enfrentar el proceso.
Los ex miliares imputados, pertenecientes al Ejército son: Leandro Edgar Marquiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Maspero, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Fortunato Valentín Rezzett, a la Fuerza Aérea, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio y Gregorio Rafael Molina. También están en el banquillo de los acusados, los policías Marcelino Blaustein, Adriano Argüello, Aldo José Sagasti, Héctor Carlos Cerutti, Mario Jorge Larrea, Héctor Francisco Bicarelli y Ernesto Orosco último imputado en llegar a la audiencia debido a que el SPF, se había olvidado de pasar a buscarlo por su domicilio
Por primera vez un civil perteneciente a la agrupación de derecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) y que actuó en los grupos de tareas como personal de inteligencia, durante la dictadura es juzgado. Se trata de Nicolás Caffarello, quien ayer fue el primero en escuchar las pruebas que lo trajeron a juicio. Según el planteo del fiscal de primera instancia, debe responder por el secuestro y las torturas sufridas por el periodista Amílcar González, fallecido en 2004. También se lo acusa de los secuestros y participación en los homicidios de Daniel Enrique Nario y Jorge Toledo.
Caffarello, alías “Tano Nicola” o “Nico”, se desempeñó durante la dictadura como chofer del general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, quien era el jefe de Inteligencia de la Subzona Militar XV y del Gada 601. Ahora cumple prisión preventiva en la unidad penal 44. Con 56 años es el más joven en el banquillo de los acusados. Impávido escuchó los delitos que le endilgan. Con la mano derecha sostuvo su mandíbula durante todo el debate y sólo hizo un gesto de fastidio cuando escuchó que el fiscal lo había comparado con Judas por su función de “marcar” a militantes que luego fueron secuestrados y desaparecidos.
También se pudo escuchar las imputaciones que debe enfrentar el ex oficial Héctor Francisco Bicarelli, alias “coco”, a cargo de la Subcomisaría Díaz Vélez de Necochea, en la detención ilegítima, secuestro y torturas de las que fueron victimas Alberto Garamendy, Omar Basabe, Mario de Francisco, Oscar Aramburu, Marcela Aramburu, Fulgencio Díaz, Luis Rafaghelli y Pedro Azcoity realizadas en la ciudad de Necochea.
Bicarelli quien es defendido por su abogado particular dr Armando Zelaya, se lo vio nervioso al momento de escuchar sus imputaciones y negando con la cabeza los cargos.
Se estima que el juicio durará entre 16 y 18 meses. Pasaran 500 testigos. Se programaron dos audiencias por semana, los días lunes y martes.
El Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales Daniel Adler (fiscal general), Juan Portela y María E. Montero. Por su parte, las querellas están integradas por Gustavo Pupo en representación de la Sec de DD.HH de la Pcia; Gloría León patrocina a familiares de víctimas y la Sec de DD.HH de Nación está representada por el abogado Roberto Zelada. Por el Colegio de Abogados, se presenta Gustavo Marceillac y Alberto Rodríguez. César Sivo patrocina a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos entre otros.
Fuera de este proceso quedaron Pedro Alberto Barda por problemas de salud, en tanto Roberto Atilio Bocalandro, Manuel Asad, Eduardo Cincotta y Francisco Rios fallecieron. Mientras que Fernando Federico Delgado y Eduardo Ullua están prófugos desde el año 2008.
Las audiencias continuarán el lunes próximo a las 9,30hs con la lectura de las requisitorias a juicio del resto de los imputados.



Voy al kiosco y vuelvo



La imagen más impactante del día pasó desapercibida. No todos notaron que en momentos que el presidente del tribunal estableció el primer cuarto intermedio, alrededor de las 13, uno de los imputados salió por la puerta principal, tomó la calle fue hasta el kiosco a comprar una gaseosa y volvió.
La explicación, a lo que a primera vista parece insólito, es que el ex policía Aldo José Sagasti cuenta con una excarcelación de la Cámara por haber pasado más de tres años en prisión sin condena. Su única obligación es concurrir a las audiencias, pero luego se retira a su casa sin ningún impedimento.
Sagasti cumplió funciones como subcomisario en la comisaría cuarta y habría participado en la privación ilegitima de la libertad del matrimonio formado por Carmen Leda Barreiro de Muñoz y Alberto Muñoz.
Sagasti era el segundo en el orden jerárquico de la comisaría cuarta y, según consta en su expediente, no podía desconocer que allí había detenidos ilegales.

Por Federico Desántolo

martes, 21 de junio de 2011

Comienza el Juicio ...

Siendo las 11:30 y con la presencia de los 17 imputados comenzo el Juicio ... Ampliaremos