La megacausa incluye los crímenes cometidos contra 85 personas en el centro clandestino de detención que funciono en la base aérea conocido como “La Cueva”, en la comisaría cuarta(MdP) y en las dependencias policiales primera y Díaz Vélez de Necochea.
Con la lectura de los requerimientos a juicio y las imputaciones a cada uno de los 17 imputados comenzó este martes 21 de junio, el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) La Cueva y en las comisarías cuarta de Mar del Plata, y primera y Díaz Vélez de Necochea. En la primera audiencia, el tribunal rechazó dos planteos realizados por los defensores de dos imputados.
La audiencia estaba pautada para las 9.30, pero distintos imprevistos retrazaron el inicio. Los 17 imputados entraron en fila y tomaron asiento detrás de sus defensores. Algunos intentaron esquivar los flashes y las cámaras. Otros se mostraron altivos: sonrieron o sacaron la lengua con disimulo.
Los jueces Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Juan Cisneros ingresaron a la sala alrededor de las 11.20. Después del saludo formal, lo primero fue un pedido de disculpas a las partes –querellas, defensores y fiscalía-, por el retraso. Enseguida sobrevino el reto y el blanco fue el Servicio Penitenciario Federal (SPF) por no haber traído a los imputados en el horario pautado, causa del retraso del inicio del debate. Afuera, unos centenar de personas pertenecientes a organismos de derechos humanos y a agrupaciones políticas hacían sonar los tambores y los bombos para marcar su presencia.
Antes de comenzar con la lectura de los requerimientos a juicio, el tribunal contestó a dos presentaciones realizadas por los abogados de dos imputados. En primer lugar rechazó el pedido de recusación presentada por Manuel Bailleau, defensor oficial de Nicolás Caffarello.
También negaron el pedido de la defensora oficial Carolina Muñoz, quien habría solicitado que se suspenda el juicio para el ex policía Adriano Arguello por considerar que sufre una afectación que le imposibilita defenderse. La pericia oficial determinó que el acusado está en condiciones físicas y psíquicas para enfrentar el proceso.
Los ex miliares imputados, pertenecientes al Ejército son: Leandro Edgar Marquiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Maspero, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Fortunato Valentín Rezzett, a la Fuerza Aérea, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio y Gregorio Rafael Molina. También están en el banquillo de los acusados, los policías Marcelino Blaustein, Adriano Argüello, Aldo José Sagasti, Héctor Carlos Cerutti, Mario Jorge Larrea, Héctor Francisco Bicarelli y Ernesto Orosco último imputado en llegar a la audiencia debido a que el SPF, se había olvidado de pasar a buscarlo por su domicilio
Por primera vez un civil perteneciente a la agrupación de derecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) y que actuó en los grupos de tareas como personal de inteligencia, durante la dictadura es juzgado. Se trata de Nicolás Caffarello, quien ayer fue el primero en escuchar las pruebas que lo trajeron a juicio. Según el planteo del fiscal de primera instancia, debe responder por el secuestro y las torturas sufridas por el periodista Amílcar González, fallecido en 2004. También se lo acusa de los secuestros y participación en los homicidios de Daniel Enrique Nario y Jorge Toledo.
Caffarello, alías “Tano Nicola” o “Nico”, se desempeñó durante la dictadura como chofer del general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, quien era el jefe de Inteligencia de la Subzona Militar XV y del Gada 601. Ahora cumple prisión preventiva en la unidad penal 44. Con 56 años es el más joven en el banquillo de los acusados. Impávido escuchó los delitos que le endilgan. Con la mano derecha sostuvo su mandíbula durante todo el debate y sólo hizo un gesto de fastidio cuando escuchó que el fiscal lo había comparado con Judas por su función de “marcar” a militantes que luego fueron secuestrados y desaparecidos.
También se pudo escuchar las imputaciones que debe enfrentar el ex oficial Héctor Francisco Bicarelli, alias “coco”, a cargo de la Subcomisaría Díaz Vélez de Necochea, en la detención ilegítima, secuestro y torturas de las que fueron victimas Alberto Garamendy, Omar Basabe, Mario de Francisco, Oscar Aramburu, Marcela Aramburu, Fulgencio Díaz, Luis Rafaghelli y Pedro Azcoity realizadas en la ciudad de Necochea.
Bicarelli quien es defendido por su abogado particular dr Armando Zelaya, se lo vio nervioso al momento de escuchar sus imputaciones y negando con la cabeza los cargos.
Se estima que el juicio durará entre 16 y 18 meses. Pasaran 500 testigos. Se programaron dos audiencias por semana, los días lunes y martes.
El Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales Daniel Adler (fiscal general), Juan Portela y María E. Montero. Por su parte, las querellas están integradas por Gustavo Pupo en representación de la Sec de DD.HH de la Pcia; Gloría León patrocina a familiares de víctimas y la Sec de DD.HH de Nación está representada por el abogado Roberto Zelada. Por el Colegio de Abogados, se presenta Gustavo Marceillac y Alberto Rodríguez. César Sivo patrocina a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos entre otros.
Fuera de este proceso quedaron Pedro Alberto Barda por problemas de salud, en tanto Roberto Atilio Bocalandro, Manuel Asad, Eduardo Cincotta y Francisco Rios fallecieron. Mientras que Fernando Federico Delgado y Eduardo Ullua están prófugos desde el año 2008.
Las audiencias continuarán el lunes próximo a las 9,30hs con la lectura de las requisitorias a juicio del resto de los imputados.
Voy al kiosco y vuelvo
La imagen más impactante del día pasó desapercibida. No todos notaron que en momentos que el presidente del tribunal estableció el primer cuarto intermedio, alrededor de las 13, uno de los imputados salió por la puerta principal, tomó la calle fue hasta el kiosco a comprar una gaseosa y volvió.
La explicación, a lo que a primera vista parece insólito, es que el ex policía Aldo José Sagasti cuenta con una excarcelación de la Cámara por haber pasado más de tres años en prisión sin condena. Su única obligación es concurrir a las audiencias, pero luego se retira a su casa sin ningún impedimento.
Sagasti cumplió funciones como subcomisario en la comisaría cuarta y habría participado en la privación ilegitima de la libertad del matrimonio formado por Carmen Leda Barreiro de Muñoz y Alberto Muñoz.
Sagasti era el segundo en el orden jerárquico de la comisaría cuarta y, según consta en su expediente, no podía desconocer que allí había detenidos ilegales.
Por Federico Desántolo
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